Resoluciones municipales bajo la lupa: persecución sin previsión
La política de captación de recursos del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y sus implicaciones constitucionales
“Cogito, ergo sum”. Pienso y luego existo. Esta máxima cartesiana invita al ejercicio de la razón como punto de partida para el análisis crítico de la realidad social e institucional. Bajo esa premisa, resulta necesario examinar el accionar de la actual gestión del Ayuntamiento del municipio de San Francisco de Macorís, particularmente en lo relativo a la aprobación y aplicación de resoluciones municipales que inciden de manera directa en la economía de los munícipes y en el ejercicio de derechos constitucionalmente protegidos.
Desde la instalación de la presente administración municipal, se ha verificado un incremento significativo y generalizado de los arbitrios y tasas municipales, en algunos casos superiores al cuatrociento por ciento (400 %). Dichos aumentos han sido aprobados por el Concejo de Regidores mediante resoluciones que retoman y amplían disposiciones anteriores, sin que se evidencie un análisis de proporcionalidad, razonabilidad ni del impacto económico y social de tales medidas, en contravención de los principios que rigen la potestad tributaria municipal.
El tarifario aprobado por el cabildo abarca una amplia gama de servicios y actividades, entre ellos: construcción, vivienda, comercio, catastro, tránsito, ornato, mercados, gestión de residuos sólidos e incluso servicios funerarios. Esta situación afecta de manera especial a los sectores más vulnerables, pues familias de escasos recursos que procuran regularizar mejoras, rectificar medidas catastrales o formalizar traspasos por causa de herencia se enfrentan a cargas económicas que exceden su capacidad contributiva, forzándolas a permanecer en la informalidad, en clara contradicción con el principio de inclusión social que debe orientar la gestión pública.
Particularmente grave resulta el aumento en las tarifas por arrendamiento de solares municipales, las cuales han pasado de montos meramente simbólicos a valores excesivos por metro cuadrado. Esta política no puede considerarse una medida de ordenamiento territorial, sino una exclusión económica que margina a los sectores populares del proceso de desarrollo local.
En el ámbito comercial, pequeños y microempresarios, tales como: colmados, salones de belleza, peluquerías, cafeterías, talleres y negocios informales, se ven obligados a asumir múltiples cargas económicas, en las que se encuentran: licencias operativas, tasas por ornato y recogida de basura, permisos ambientales y recargos automáticos por mora, todo ello sin consideración a la rentabilidad real del negocio. Estas medidas generan un efecto regresivo que impacta negativamente el empleo, el costo de vida y la estabilidad económica local, profundizando condiciones de pobreza.
Por Rafael Sanz
