El equipo de Donald Trump está ultimando una agresiva serie de decretos en materia de inmigración que se espera que se hagan públicas solo unas horas después de que el presidente electo jure el cargo, dando inicio a una campaña de represión de la inmigración que tendrá implicaciones para la población de todo el país, según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones.
El paquete de medidas supone un cambio drástico en la política de inmigración que afectará a los inmigrantes que ya residen en Estados Unidos y a los solicitantes de asilo en la frontera entre EE.UU. y México.
El plan incluye barridos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. en las principales áreas metropolitanas, el envío de más recursos del Pentágono a la frontera sur de EE.UU., la imposición de restricciones adicionales sobre quién tiene derecho a entrar en EE.UU., junto con el retroceso de las políticas de la era Biden.
“Veremos aviones de expulsión, informes de detenciones, acciones del ICE en jurisdicciones santuario”, dijo una fuente a CNN, refiriéndose a los planes de deportación de la administración entrante. “A medida que pasen los 30 días y los primeros 100 días, ahí es donde se verá un repiqueteo consistente”.
Las fuentes sostienen que la administración entrante se centrará, al menos al principio, en los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales susceptibles de ser expulsados en las principales áreas metropolitanas, como las ciudades de Washington, Denver y Chicago. Pero otros que se encuentren en el transcurso de esas operaciones también podrían ser puestos bajo custodia, según una fuente.
Los principales implicados en este punto clave de la agenda de Trump son la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, cuya audiencia de confirmación como secretaria de Seguridad Nacional está prevista para este viernes; Tom Homan, como zar de fronteras; y Stephen Miller, subjefe de gabinete entrante para Política y asesor de Seguridad Nacional.
“No se puede ser un país seguro hasta que la frontera esté protegida y defendida”, dijo Miller en Fox este jueves, afirmando que todas las agencias federales pertinentes “recibirán la asignación y la misión de interceptar todo el contrabando, utilizar todos los recursos financieros para estrangular a los cárteles y acabar con toda la inmigración ilegal en este país como máxima seguridad nacional”.
Trump heredará una frontera sur de EE.UU. relativamente tranquila, pero su equipo está preparando acciones para redoblar la seguridad fronteriza y poner en marcha políticas que reformarían el sistema de inmigración estadounidense.
Se espera que Trump invoque autoridades conocidas al asumir el cargo y remiten a su primer mandato, mientras que otras acciones sin precedentes aún están siendo consideradas. Por ejemplo, el equipo de Trump sigue evaluando diversas opciones para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y está revisando la aplicabilidad de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Las primeras medidas incluyen una declaración de emergencia nacional para enviar recursos adicionales del Pentágono a la frontera sur de EE.UU., la emisión de una proclamación para suspender la entrada de determinadas personas en la frontera sur de EE.UU. y la puesta en marcha de una prohibición de viajar. Se está debatiendo a quién incluirá la prohibición de viajar, según una fuente, que dijo que se espera que emule la versión anterior y se base en la investigación de antecedentes.
El equipo de Trump también planea eliminar el programa de libertad condicional humanitaria diseñado para proporcionar una vía legal a los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, lo que podría dejar en el limbo a cientos de miles de inmigrantes recién llegados que actualmente pueden trabajar y vivir temporalmente en Estados Unidos.
“El presidente Trump recibió un mandato del pueblo estadounidense para detener la invasión de inmigrantes irregulares, asegurar la frontera y deportar a criminales y terroristas peligrosos que hacen que nuestras comunidades sean menos seguras. Él cumplirá”, dijo Karoline Leavitt, portavoz de la transición Trump-Vance, en un comunicado.
La aplicación de las normas internas, en primer plano
Esta vez, los funcionarios de Trump están hipercentrados en la aplicación de la ley interna, poniendo el foco en las redadas de inmigración en ciudades lideradas por demócratas, según múltiples fuentes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) -la rama del Departamento de Seguridad Nacional encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración- estuvo deteniendo y expulsando a inmigrantes durante el Gobierno de Biden. En el último año fiscal, la agencia deportó a 271.484 inmigrantes, marcando el nivel más alto de deportaciones desde 2014, según datos federales.
Múltiples fuentes que hablaron con CNN advierten que los planes para aumentar las operaciones de ICE tomarán tiempo para ejecutarse y dependen de la financiación adicional del Congreso.
Uno de los principales objetivos de la administración entrante son las llamadas ciudades santuario. El término se aplica ampliamente a las jurisdicciones que tienen políticas diseñadas para limitar la cooperación o la participación en acciones federales de aplicación de la ley de inmigración. La forma en que se aplican estas políticas puede variar.
Homan criticó repetidamente a esas ciudades, argumentando que obstaculizan la capacidad del ICE para detener las amenazas para la comunidad. Homan mantuvo que su prioridad sigue siendo la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional.
“Enviaré a un montón de agentes a tu comunidad, y encontraremos al malo, y cuando encontremos al malo, probablemente estará con otros, otros que no son una aprehensión prioritaria. Pero, ¿adivinen qué? Ellos también serán arrestados. Así que conseguirán exactamente lo que no quieren: más detenciones en sus comunidades”, declaró Homan el mes pasado.
También se hará hincapié en las jurisdicciones que sí cooperan con las autoridades federales de inmigración. El programa 287G, como se le conoce, permite al ICE asociarse con las fuerzas del orden estatales y locales, sirviendo como herramienta para reforzar la aplicación de la ley de inmigración en una zona determinada.
“Hay un esfuerzo concertado para firmar acuerdos 287G con un gran número de socios dispuestos”, dijo una de las fuentes.
Uno de los elementos clave de cualquier plan para deportar inmigrantes es el espacio de detención, con el que las administraciones demócratas y republicanas tuvieron que lidiar debido a la limitación de recursos.
En una entrevista con Kaitlan Collins, de CNN, Homan dijo que necesitaría un mínimo de 100.000 camas para detener a inmigrantes indocumentados -más del doble de las 40.000 camas de detención para las que el ICE cuenta actualmente con fondos- y requeriría más agentes del ICE.
Múltiples empresas, entre ellas inmobiliarias comerciales, se han puesto en contacto con grupos de presión y antiguos funcionarios de Seguridad Nacional para expresar su interés en participar en la detención, según múltiples fuentes.
Una de las fuentes describió los primeros días como “poner en marcha la estructura para tener un alto nivel sostenido de operaciones de expulsión”. La clave para ello, sin embargo, será apuntalar suficientes fondos federales.
Decretos sobre la frontera
Cuando Trump preste juramento la próxima semana, heredará una frontera con menos cruces que cuando dejó el cargo – y planea utilizar una autoridad recientemente invocada por el presidente Joe Biden.
En diciembre, el último mes completo de la administración Biden, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. registró 47.300 encuentros con migrantes, un ligero aumento con respecto a noviembre, pero marcando el promedio diario más bajo para un mes desde julio de 2020.
Los cruces de migrantes a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México se desplomaron el año pasado a raíz del decreto de Biden de tomar medidas enérgicas contra el asilo. Los funcionarios de Seguridad Nacional citaron esa acción, que utilizó una facultad conocida como 212f, como contribuyente a la caída de los cruces.
En 2018, Trump también intentó utilizar la 212f, que otorga al presidente una amplia autoridad para implementar restricciones de inmigración para limitar los cruces fronterizos. Pero en última instancia, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la facultad entra en conflicto con la ley de asilo y la facultad 212f no la anula.
Se espera que Trump invoque esa facultad como hizo en su primer mandato, aplicándola a la frontera sur.
Sus decretos del primer día también incluyen el inicio de negociaciones para el retorno del programa conocido informalmente como “Permanecer en México”, que obligaba a los migrantes a quedarse en México mientras realizaban trámites de inmigración en EE.UU..
Su equipo también se está preparando para lanzar negociaciones para volver a implementar lo que antes se conocía como Acuerdos de Cooperación de Asilo, dijeron las fuentes.
Los acuerdos -iniciados durante el primer mandato de Trump- marcaron un cambio significativo en la política de asilo de Estados Unidos, ya que los migrantes que pudieran tener solicitudes legítimas de asilo podían ser enviados a otros países para presentar sus casos.
