En un documento de prensa del Ministerio Público sobre la solicitud de imposición de medidas de coerción contra los 16 imputados de la llamada «Operación Colibrí» en Santiago, fueron revelados los nombres de los señalados dentro de los cuales hay abogados y un empleado de la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano acusador hizo el depósito de la solicitud de audiencia para la imposición de medidas de coerción y se fijó la misma para el lunes a las 10 de la mañana.
En dicha instancia, el Ministerio Público solicita prisión preventiva y declarar el caso como complejo por la multiplicidad de involucrados, así como de los ilícitos supuestamente cometidos.
Imputados en «Operación Colibrí«
Señaló como integrantes de la supuesta red de falsificación a 16 personas identificadas como :
- Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes.
- También Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último, un empleado de la Junta Central Electoral.
La Fiscalía de Santiago presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano; también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En adición, contra Acevedo García se presentan cargos por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.
Supuestamente, varios de los imputados operaban en los alrededores de las dependencias de la JCE, ofreciendo diversos servicios a ciudadanos para falsificar documentos a cambio del pago de sumas que oscilan entre 5,000 y 20,000 pesos, dependiendo del tipo de documento requerido.
El Ministerio Público sostiene que las actividades fraudulentas en las que se especializaron los imputados vinculados a la falsificación de documentos públicos arrestados tras el despliegue de la Operación Colibrí, amenazaron la seguridad jurídica y permearon la confianza institucional, en tanto que, además, vulneraron el sistema del Registro Civil del país.
Principalmente, precisa el parte de prensa del Ministerio Público que se atacó el sistema de la Junta Central Electoral, como precisa lo contenido en la instancia de solicitud de medidas de coerción que plantea a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
Los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir, licencias para el porte de armas, entre otros documentos públicos.
La investigación de la Operación Colibrí coordinada por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional, se desarrolla con el apoyo de la Junta Central Electoral, cuyas direcciones de Seguridad Civil, Inspectoría, Cedulación y Consultoría Jurídica, vigilaban el comportamiento de personas que alrededor de sus oficialías y dependencias ofrecían servicios fraudulentos, con el concurso y apoyo de al menos un empleado del organismo que está entre los sometidos a medida de coerción.
Beneficiarios de cédulas falsas
Haitianos y otros extranjeros eran beneficiarios de cédulas de identidad falsas
Entre las imputaciones que le hace el Ministerio Público se encuentra además la suplantación de identidad de personas dominicanas fallecidas para facilitar a ciudadanos haitianos y otros extranjeros de actas y cédulas dominicanas.
El titular de la Fiscalía de Santiago, magistrado Osvaldo Bonilla, indicó ayer viernes que los allanamientos se desarrollaron en centros de internet que servían como laboratorios para estas tareas fraudulentas, oficinas de abogados así como viviendas, en donde se incautaron de las pruebas que serán presentadas al tribunal.
«La que nos ocupa es una investigación en la que trabajábamos junto a la Junta Central Electoral (JCE), hace aproximadamente un año. El impacto de las actividades desarrolladas por esta estructura lo medimos en función de la amenaza que representó para la seguridad jurídica de la JCE, el Ministerio de Interior y Policía, entre otras instituciones a las que ha afectado», estableció Bonilla.
- Falsificaban documentos de organismos de seguridad del Estado como el J-2 del Ejército, el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entre otros organismos.
Tenían en su poder plásticos y hojas timbradas de distintas instituciones como el Poder Judicial, el Banco de Reservas, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y la Jurisdicción Inmobiliaria de Santiago.
También apostillaban documentos, luego de adulterados, para que se pudieran utilizar en el extranjero.
