Las críticas obligan al Gobierno a someter modificaciones a 19 artículos del nuevo Código Penal
Los cambios también abarcan el acoso, el ultraje, abandono de niños y otros
El Gobierno, a través del presidente del Senado, sometió este viernes al Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar 19 artículos del nuevo Código Penal, luego de las críticas y protestas que generó la aprobación de la legislación, especialmente por disposiciones relacionadas con la libertad de expresión, la difamación, el ultraje a funcionarios públicos y otros delitos.
La iniciativa fue depositada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y será estudiada por la comisión bicameral creada para revisar la Ley 74-25 antes de que entre en vigencia.
Al presentar el proyecto, De los Santos explicó que las modificaciones son el resultado de consultas realizadas con juristas, académicos, comunicadores, representantes de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y órganos del sistema de justicia.
«Después de varias consultas sobre diversos sectores de la sociedad dominicana (…) proponemos incorporar mejoras derivadas de las observaciones y aportes formulados con el propósito de fortalecer el texto«, expresó el presidente del Senado.
Modifciaciones
Entre los artículos cuya modificación se propone figuran los relacionados con el bullying, el ciberbullying, el acoso, el exhibicionismo sexual, la difusión de imágenes y audios sin consentimiento, la difamación, los actos que no constituyen difamación, el ultraje a funcionarios públicos, la malversación de fondos públicos, el abandono de niños y adolescentes, el proxenetismo, el autosecuestro, la bancarrota simple, el perjurio y la expedición de certificados médicos falsos, entre otros.
Uno de los temas que generó mayor controversia tras la aprobación del Código Penal fue el régimen de los delitos contra el honor.
El proyecto plantea revisar el artículo 208, que tipifica la difamación como la imputación pública de un hecho que afecte el honor, la imagen o la dignidad de una persona y establece penas de hasta cinco años de prisión.
También propone modificar el artículo 211, que enumera los actos que no constituyen difamación o injuria, entre ellos los discursos pronunciados en las cámaras legislativas, los informes oficiales de los poderes del Estado, las reseñas periodísticas y los escritos producidos en los tribunales.
Asimismo, se plantea revisar el artículo 310, que sanciona el ultraje contra funcionarios públicos mediante palabras, gestos o amenazas considerados contrarios a su dignidad, con penas de 15 días a un año de prisión.
